El canal de denuncias en España está regulado principalmente por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que establece el régimen de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta norma transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo, conocida como la "Directiva Whistleblowing".
¿Qué es un canal de denuncias?
Un canal de denuncias es un medio mediante el cual los empleados de la empresa y las personas externas relacionadas con la empresa (clientes, proveedores, etc.) pueden denunciar de forma anónima y confidencial, verbal o por escrito, cualquier comportamiento o actitud que pueda constituir una infracción o irregularidad dentro de la empresa. Posteriormente, el órgano o comité correspondiente tramitará y, en su caso, investigará las denuncias recibidas.
¿Quién está obligado a establecer un canal de denuncias?
La Ley 2/2023 establece varios grupos.
- GRUPO A: Empresas con 50 o más trabajadores con independencia de su actividad (art. 10.1.a)
- GRUPO B: Empresas que operan en sectores regulados, como servicios financieros, transporte, o medioambiente, independientemente de su tamaño (anexo, parte I.B).
- GRUPO C: Empresas consideradas sujetos obligados por la Directiva UE 2019/1937 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo (art. 10.1.b). Entre otras: asesorías, despachos, promotoras, inmobiliarias, joyería, oro, ...
- Y también, entidades del sector público, incluidos ayuntamientos con más de 10.000 habitantes.
Todas las empresas referenciadas deben de contar ya con ete sistema.
Tipos de gestión de un canal de denuncias
Existen varias posibilidades en cuanto a la gestión del canal de denuncias:
- Interno: El sistema está gestionado por un departamento interno (por ejemplo, Recursos Humanos) de manera confidencial y asegurando la protección del denunciante.
- Externo: Los denunciantes también pueden dirigirse al canal externo gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), creada específicamente para este fin.
- Terceros: Las empresas pueden externalizar la gestión del canal, pero siempre asegurando la confidencialidad y la protección de datos.
¿Qué canales de comunicación se deben habilitar?
El sistema debe ofrecer al menos uno de los siguientes:
- Línea telefónica.
- Plataforma web o software específico.
- Dirección de correo electrónico segura.
- Buzones físicos (menos comunes, pero válidos).
¿Qué derechos tiene el denunciante?
- Protección contra represalias: El denunciante está protegido frente a despidos, degradaciones, o cualquier forma de discriminación como consecuencia de su denuncia.
- Anonimato: El sistema debe garantizar la posibilidad de realizar denuncias anónimas, aunque no es obligatorio que todas las empresas ofrezcan esta opción.
- Confidencialidad: La identidad del denunciante y cualquier información que pueda identificarle debe ser tratada con estricta confidencialidad.
Obligaciones de la empresa
- Diseño y gestión:
- Establecer un sistema accesible y seguro para recoger las denuncias.
- Diseñar procedimientos claros para investigar y resolver las denuncias recibidas.
- Comunicación:
- Informar a los trabajadores de la existencia del canal y de cómo usarlo.
- Plazos:
- Las empresas deben confirmar la recepción de la denuncia en un plazo de 7 días.
- Resolver la denuncia en un máximo de 3 meses.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de esta normativa puede acarrear multas significativas:
- Hasta 100.000 euros para personas físicas.
- Hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas.
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Obligatoriedad del canal de denuncias en empresas. Asesoría Centrum, en Carabanchel